Normativa

Desde el plano histórico, el primer texto a nivel internacional que menciona el principio de plena competencia es el borrador de 1933, denominado Tratado Multilateral de asignación de utilidades de negocio, desarrollado en Estados Unidos.  Adicionalmente, el primer caso en el que una Corte a nivel de resolución de disputas realiza un ajuste de ingresos para reflejar la realidad económica de una operación se produjo en 1935, dentro del caso Asiatic Petroleum Co. vs Commissioner of Internal Revenue, de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.  Sin embargo, los precios de transferencia surgen como una herramienta interna para combatir la manipulación de precios en el Reino Unido en el año 1915, mediante la Ley de Finanzas, la cual señala que en caso de que haya alguna conexión entre una empresa residente en el Reino Unido con otra no residente y que el negocio lleve a la residente a menores beneficios, la empresa no residente debe pagar impuestos en Reino Unido por los beneficios desviados hacia ella.

Posterior a lo estipulado por el Reino Unido, en 1917 el Congreso de los Estados Unidos dio poderes a la Autoridad fiscal para establecer la exigencia de declaraciones consolidadas a empresas asociadas sobre los impuestos federales, mediante reglamentación complementaria a la sección 1331 de la War Revenue Act of 1934 (Ley de Ingresos) con el fin de determinar el capital invertido e ingresos gravables. Es importante señalar que para dichos años la Administración Tributaria de Estados Unidos no contaba con herramientas adecuadas para precisar comparables en materia de precios y realizar intercambios de información con otras administraciones tributarias.

Las normas de precios de transferencia se comienzan a aplicar en Latinoamérica a partir de 1995, siendo México el primer país que las incorporó.  En general, salvo el caso de Brasil, las normas de precios de transferencia siguen los Lineamientos de la OCDE, que desde 1979 han dado el marco conceptual que aplican la mayoría de países latinoamericanos.

A partir de 1996, se adoptaron normas de precios de transferencia en Brasil, con nuevas reglas introducidas por la Ley 12.715 / 2012. La conciliación de las reglas TP brasileñas con métodos internacionalmente aceptados de precios de transferencia se convirtió en uno de los retos más importantes que enfrentan las empresas multinacionales en Brasil. Las dificultades y desafíos se basan principalmente en las desviaciones de las Reglas TP brasileñas en relación con la Organización para la Cooperación Económica y Directrices sobre precios de transferencia de Desarrollo para Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias (“Directrices de la OCDE TP”). En cuanto a dichas desviaciones, se debe mencionar que no hay margen de maniobra para los Acuerdos Previos sobre Precios (APA) en virtud de la legislación TP brasileña y que la ley brasileña adoptó márgenes fijos para los diferentes métodos, independientemente de la naturaleza del negocio del contribuyente, industria o papel en la transacción (es decir, no hay un análisis funcional).

Sin embargo, la ley dispone que el Ministerio de Hacienda podrá establecer otro margen legal para cada sector con el fin de determinar el precio de parámetros en las transacciones controladas.

Las transacciones transfronterizas realizadas por personas jurídicas constituidas en Brasil estarán sujetas a controles de precios de transferencia cuando se celebren con partes relacionadas o se encuentren ubicados en un LTJ o que se beneficien de un régimen fiscal privilegiado (PTR), con independencia de que las dos partes califiquen como empresas asociadas. Las reglas TP brasileñas también se aplican a transacciones back-to-back, descritas como aquellas en las que no hay importación efectiva (entrada) o exportación (salida) de los bienes y servicios hacia y desde Brasil, a pesar de que dichas operaciones implican la adquisición o venta de bienes y servicios entre un contribuyente corporativo brasileño y una entidad afiliada fuera de Brasil.

Las reglas TP brasileñas actualmente no se aplican a los pagos transfronterizos de marca comercial o patente regalías, ni de tasas que deben pagarse como compensación por la transferencia de tecnología o por la prestación de servicios de asistencia técnica, administrativa o científica con la transferencia de tecnología/know-how (con relación a las que se aplican las reglas de deducibilidad específicas). Los acuerdos pertinentes deben estar registrados en la Agencia Brasileña de la Propiedad Intelectual (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial-INPI) y en el Banco Central de Brasil.